Hacia un índice de preparación para terremotos en Venezuela: propuesta de métricas para evaluar la capacidad de recuperación institucional

Nota aclaratoria previa:

El contenido de este artículo es de carácter académico y no vinculante, sin valor de peritaje técnico ni de opinión oficial. No constituye asesoría profesional ni sustituye el criterio de los entes competentes. No representa un estudio técnico avalado por los organismos oficiales en materia sísmica o de protección civil en Venezuela, y su publicación se realiza sin perjuicio de la normativa aplicable. Las sugerencias aquí vertidas deben ser evaluadas por los especialistas correspondientes. El autor es ingeniero electricista, no especialista en sismología ni en ingeniería civil, por lo que esta propuesta debe entenderse como una iniciativa conceptual que invita a los profesionales de las disciplinas pertinentes a desarrollarla, validarla y adecuarla al marco legal e institucional venezolano.

Hacia un índice de preparación para terremotos en Venezuela: propuesta de métricas para evaluar la capacidad de recuperación institucional

Fabián Robledo¹

¹Departamento de Señales y Sistemas. Escuela de Ingeniería de Telecomunicaciones. Facultad de Ingeniería. Universidad de Carabobo. frobledo@uc.edu.ve 

Resumen

El presente artículo propone un marco metodológico para la construcción de un Indice de Preparación Sísmica Venezolano (IPSV), orientado a evaluar la capacidad de respuesta y recuperación de las instituciones competentes ante un terremoto de gran magnitud en Venezuela. A partir de la revisión de experiencias internacionales en países con alta sismicidad, se identifican las variables críticas que deberían componer dicho índice: infraestructura sanitaria, logística de emergencia, tiempos de respuesta, capacitación del personal, planes de continuidad operativa y mecanismos de comunicación con la población. Se observa que, en fuentes abiertas y plataformas digitales oficiales, no se ha identificado un instrumento público equivalente en el caso venezolano, lo que representa una oportunidad para el desarrollo de herramientas transparentes que permitan a la ciudadanía conocer el nivel de preparación existente. Asimismo, se incorpora la dimensión psicosocial, reconociendo que la sensación de seguridad y la gestión de la angustia en las víctimas y sus familiares son componentes esenciales de una respuesta efectiva. El artículo incluye un modelo de cálculo multiparamétrico con un ejemplo ilustrativo basado en la región central de Venezuela, y concluye con recomendaciones para que la academia, la sociedad civil y los organismos competentes puedan avanzar en la implementación de este índice, bajo principios de transparencia y rendición de cuentas. El autor declara su formación en ingeniería eléctrica y enfatiza que la propuesta es una invitación a la reflexión interdisciplinaria y mejora con corrección de errores y omisiones, no una solución técnica definitiva.

Palabras clave: preparación sísmica, resiliencia institucional, índice de respuesta, gestión de emergencias, vulnerabilidad psicosocial, Venezuela.

1. Introducción

La ocurrencia de terremotos es un fenómeno natural que no puede ser prevenido, pero sí puede ser gestionado en términos de preparación y mitigación. La experiencia internacional demuestra que los países que han desarrollado sistemas públicos de evaluación de su capacidad de respuesta logran reducir significativamente las pérdidas humanas y el tiempo de recuperación de las comunidades afectadas. Sin embargo, en muchos contextos, la preparación institucional permanece como un área opaca, sin métricas accesibles que permitan a la población conocer el grado de preparación de las entidades encargadas de la emergencia, la salud y la reconstrucción.

El presente trabajo tiene como objetivo proponer un conjunto de indicadores que permitan construir un Indice de Preparación de Sísmica Venezolano (IPSV), aplicable a contextos donde la información institucional es limitada o no se encuentra disponible de manera pública. Este índice no pretende evaluar a una entidad en particular, sino ofrecer un marco de referencia para que cualquier organismo, academia o colectivo ciudadano pueda desarrollar una herramienta de monitoreo participativo. Además, se incorpora una dimensión frecuentemente olvidada en los estudios técnicos: el impacto emocional en las víctimas y la percepción de seguridad por parte de la población, factores que condicionan la efectividad de cualquier plan de emergencia. El autor declara que su formación es en ingeniería eléctrica, por lo que el presente trabajo no pretende ser un estudio técnico definitivo, sino una invitación a la reflexión y una base para que los profesionales de la sismología, la ingeniería civil, la geología y la gestión de desastres la ajusten y la enriquezcan conforme a sus competencias, corrigiendo los errores y omisiones de esta propuesta.

2. Experiencias internacionales en la medición de la preparación sísmica

Diversos países con alta actividad sísmica han implementado sistemas públicos de evaluación de su preparación. En Japón, el índice de capacidad de respuesta incluye variables como la resistencia de edificios públicos, la disponibilidad de refugios y la frecuencia de simulacros escolares. En Chile, el sistema de evaluación de daños y necesidades se apoya en indicadores de infraestructura crítica y tiempos de movilización de recursos. En Nueva Zelanda, el gobierno publica informes periódicos sobre la resiliencia de las regiones, basados en encuestas a la población y en auditorías de equipos de emergencia. En México, el Sistema Nacional de Protección Civil utiliza indicadores de coordinación interinstitucional y capacidad de albergue, con actualizaciones anuales.

Estos ejemplos demuestran que la medición de la preparación no solo es posible, sino que constituye una práctica consolidada en la gestión moderna de riesgos. La existencia de estos índices permite a los ciudadanos exigir rendición de cuentas, a los gobiernos ajustar sus planes y a los organismos internacionales cooperar de manera más efectiva. La transparencia en estos datos, además, contribuye a reducir la incertidumbre y a generar confianza en las instituciones, lo que tiene un efecto directo en la sensación de seguridad colectiva.

3. Variables propuestas para un índice de preparación en contextos con información limitada

A partir de la revisión de la literatura especializada y de las buenas prácticas internacionales, se proponen las siguientes dimensiones como base para la construcción de un índice de preparación sísmica. Cada una de ellas debe ser traducida en indicadores medibles, aunque en contextos con poca disponibilidad de datos se pueden utilizar aproximaciones o fuentes indirectas.

La primera dimensión es la infraestructura sanitaria y de emergencia, que incluye la capacidad de los hospitales para operar en condiciones de sismo, la existencia de quirófanos antisísmicos y la disponibilidad de plantas eléctricas de emergencia. La segunda dimensión es la logística de recursos, que comprende el inventario de ambulancias, maquinaria pesada para rescate, reservas de agua potable, alimentos y medicamentos. La tercera dimensión es la preparación del personal, que mide la frecuencia de simulacros, la formación en primeros auxilios y la capacidad de coordinación entre bomberos, protección civil y personal sanitario. 

La cuarta dimensión, de carácter transversal, es la comunicación y la información pública. Esta incluye la existencia de sistemas de alerta temprana, la claridad de los mensajes oficiales durante la emergencia y la disponibilidad de canales accesibles para que la población reporte daños o solicite ayuda. La quinta dimensión es de carácter psicosocial, y evalúa la existencia de programas de apoyo emocional para víctimas y familiares, así como la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía respecto a la capacidad de respuesta institucional. Dentro de esta dimensión se incluyen indicadores específicos para grupos vulnerables, como la existencia de planes de evacuación para niños, ancianos y personas con discapacidad, así como el tiempo estimado de activación de albergues y la disponibilidad de equipos de salud mental durante las primeras 72 horas, transcurridas luego de un terremoto.

Adicionalmente, se incorpora una dimensión geológica y geotécnica, que pondera la peligrosidad sísmica local. Esta dimensión se basa en la amenaza sísmica diferenciada por región, considerando la distancia a fallas activas, el tipo de suelo predominante y la probabilidad de efectos de sitio, como la amplificación de ondas en suelos blandos o la licuefacción en zonas aluviales. Esta variable permite que el índice no sea uniforme para todo el país, sino que se ajuste a la realidad geológica de cada zona evaluada.

4. El caso venezolano: revisión de fuentes abiertas y vacíos de información

En el caso de Venezuela, la principal entidad técnica dedicada al monitoreo sísmico es la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, conocida por sus siglas FUNVISIS. Esta institución cumple una función esencial en la detección y reporte de los movimientos telúricos, y sus informes son de acceso público en su portal digital. Sin embargo, el alcance de sus publicaciones se circunscribe al ámbito de la sismología instrumental, es decir, a la magnitud, profundidad y localización de los eventos.

Hasta donde ha podido constatarse en la revisión de fuentes abiertas, no se ha identificado un instrumento público, equivalente a los índices internacionales mencionados, que permita evaluar de manera integral la preparación de las entidades competentes para la respuesta, la atención sanitaria y la recuperación postdesastre. Aunque existen estudios parciales sobre amenaza sísmica y vulnerabilidad de edificaciones en Venezuela, no se ha identificado en fuentes abiertas un índice integral y público que evalúe la preparación institucional para la respuesta y la recuperación, como el que se propone en este artículo. 

Este vacío no implica necesariamente la inexistencia de planes internos o de recursos humanos capacitados, sino que señala una ausencia de métricas transparentes y accesibles que permitan a la población conocer el estado de dicha preparación. La falta de esta información pública limita la capacidad de la ciudadanía para exigir mejoras y reduce la posibilidad de una participación informada en la gestión del riesgo. 

Esta situación es particularmente relevante en la región central del país, que incluye los estados Carabobo, Aragua, Miranda y el Distrito Capital, donde se concentra una alta densidad poblacional y una importante actividad económica, y donde la amenaza sísmica es moderada a alta debido a la presencia de fallas activas como la de La Victoria y la sismicidad asociada a la cordillera de la Costa, según lo documentado por el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2022), por estudios de microzonificación publicados por universidades venezolanas (UCV, 2019), y por el estudio de la falla de La Victoria realizado por el Instituto Geográfico Simón Bolívar (IGSB, 2020).

5. Los sismos del 24 de junio de 2026: una urgencia que confirma la propuesta

Mientras este artículo se encontraba en preparación, Venezuela fue golpeada por un evento sísmico de gran magnitud. La tarde del miércoles 24 de junio de 2026, dos sismos consecutivos —uno de magnitud 7,2 y, apenas treinta y nueve segundos después, otro de magnitud 7,5— sacudieron la región centro-norte del país, con epicentro cercano a las localidades de San Felipe y Yumare, en el estado Yaracuy, a poca distancia de la región central objeto del ejemplo ilustrativo de este trabajo (Servicio Geológico de los Estados Unidos [USGS], 2026, como se citó en CNN en Español, 2026). El USGS calificó el evento como un "doblete sísmico" y emitió alertas de impacto, advirtiendo desde las primeras horas sobre la probabilidad de un número elevado de víctimas y daños extensos, dada la vulnerabilidad estructural de buena parte de las edificaciones de la región (Infobae, 2026).

Es importante señalar que los datos aquí presentados son preliminares y están sujetos a revisión por parte de las autoridades competentes, tal como lo han reconocido las propias fuentes oficiales y los organismos de monitoreo internacional. De hecho, tanto el USGS como FUNVISIS han indicado que las cifras de magnitud, profundidad y localización epicentral podrían ser ajustadas en los días siguientes, una vez que se procesen los registros de todas las estaciones sismológicas. Esta advertencia no debe interpretarse como una falta de rigor, sino como un reconocimiento de que la ciencia sísmica es dinámica y que los informes iniciales son siempre provisionales.

En el día posterior al evento, las autoridades nacionales reportaron un número de personas fallecidas y heridas que calificaron de preliminar y sujeto a revisión conforme avanzaran las labores de rescate y verificación (CNN en Español, 2026). El estado La Guaira fue declarado zona de desastre tras el colapso de numerosas edificaciones, y se decretó el estado de emergencia nacional (La Nación, 2026a). Caracas, Carabobo, Aragua y otras entidades de la región central reportaron daños estructurales de consideración, interrupciones en el suministro eléctrico y en las telecomunicaciones, así como afectaciones en la operatividad del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar (La Nación, 2026b; Milenio, 2026). En las horas posteriores al evento, un número indeterminado de personas permaneció sin posibilidad de contacto con sus familiares, en parte debido a la afectación de la conectividad reportada por organizaciones de monitoreo independientes (CNN en Español, 2026).

Este artículo no pretende, en modo alguno, convertirse en una crónica del evento ni anticiparse a los informes técnicos oficiales que en su momento elaborarán FUNVISIS, Protección Civil y los organismos competentes. Sin embargo, sería una omisión inexcusable no señalar que la propuesta metodológica aquí desarrollada, concebida como un ejercicio conceptual y preventivo, se encuentra hoy ante su primera prueba de pertinencia involuntaria. Las preguntas que un índice de preparación sísmica busca responder de manera anticipada y transparente —¿cuántos hospitales pueden operar tras el sismo?, ¿en cuánto tiempo se activan los albergues?, ¿existen equipos de salud mental disponibles para las víctimas y sus familias?, ¿qué tan claros y oportunos son los canales oficiales de comunicación cuando la infraestructura de telecomunicaciones se ve comprometida?— dejan de ser interrogantes abstractas y se convierten, en los días posteriores al 24 de junio, en preguntas que un número considerable de familias venezolanas se hacen de manera literal y urgente. Si el IPSV hubiera estado disponible antes del sismo, habría proporcionado un marco transparente para canalizar la información sobre daños y necesidades, y para evaluar la respuesta institucional con datos comparables y públicos.

La coincidencia entre la región evaluada en el ejemplo ilustrativo de la sección 8 y la zona efectivamente afectada por el sismo no fue, por supuesto, premeditada; es, más bien, el resultado lógico de que ambas comparten la misma realidad geológica documentada en este trabajo: la presencia de fallas activas —como el sistema de fallas de Boconó y la falla de La Victoria—, la densidad poblacional y la concentración de infraestructura crítica en la región centro-norte del país. Esta coincidencia, sin embargo, ofrece una oportunidad —dolorosa, pero real— para que la validación empírica del índice propuesto, sugerida en la sección 9 de este artículo, pueda eventualmente nutrirse de datos verificables sobre tiempos de respuesta, capacidad hospitalaria efectiva y necesidades psicosociales surgidas de este evento, una vez que dichos datos sean consolidados y hechos públicos por las fuentes oficiales correspondientes.

Por ahora, y mientras continúan las labores de rescate, lo único pertinente es expresar la solidaridad de quien escribe estas líneas con las familias venezolanas afectadas, y reiterar que la urgencia de contar con métricas públicas y transparentes de preparación institucional, lejos de ser un ejercicio académico postergable, es hoy más evidente que en cualquier otro momento reciente de la historia sismológica del país.

6. La dimensión psicosocial como componente ineludible de la preparación

La preparación para un terremoto no puede limitarse a aspectos físicos o logísticos. La experiencia de países como México, tras el sismo de 2017, y Chile, en 2010, evidencia que la respuesta más efectiva incluye mecanismos de contención emocional y comunicación empática. Las víctimas y sus familiares no solo necesitan refugio y alimentos; necesitan información clara, acompañamiento psicológico y la certeza de que no han sido abandonadas.

La sensación de seguridad es un constructo subjetivo, pero medible a través de encuestas de percepción ciudadana. Incorporar este indicador en un índice de preparación permitiría evaluar si las acciones institucionales generan o no confianza. Asimismo, la gestión de la angustia y la desesperación debe ser considerada como una línea de acción prioritaria, porque el pánico colectivo puede provocar muertes evitables, incluso en edificaciones que no han colapsado. 

Por ello, se propone que cualquier índice de preparación incluya variables como la existencia de líneas telefónicas de apoyo psicológico, la presencia de equipos de salud mental en los albergues, la capacitación del personal de rescate en primeros auxilios psicológicos, y la disponibilidad de planes específicos para la atención de niños, ancianos y personas con discapacidad, así como un tiempo estimado para la apertura de albergues temporales, ya que la rapidez en la provisión de refugio reduce significativamente el estrés postraumático en la población afectada.

7. Modelo metodológico para la construcción del índice propuesto

El índice se concibe como una herramienta de evaluación multicriterio, compuesta por dimensiones que agrupan un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos. Para cada indicador, se establece una escala de valoración que va de 0 a 10, donde 0 representa la ausencia total de preparación y 10 el nivel máximo de preparación, según estándares internacionales o consensos de expertos.

A efectos de este trabajo, se propone denominar a esta herramienta Índice de Preparación Sísmica Venezolano (IPSV). Este nombre busca facilitar su identificación y promover su uso en futuras discusiones, investigaciones y aplicaciones prácticas. El IPSV es una denominación de carácter académico y propositivo, sin valor normativo ni vinculante, y no representa ni pretende sustituir ningún instrumento oficial del Estado venezolano. El IPSV no es un índice cerrado, sino una estructura flexible que podrá ser adaptada, mejorada y validada por los especialistas e instituciones que decidan adoptarlo como referencia.

La construcción del índice sigue un procedimiento de cuatro etapas. En la primera etapa, se identifican las dimensiones e indicadores, tal como se han descrito en el apartado anterior. En la segunda etapa, se normalizan los valores de cada indicador para homogeneizar las escalas, aplicando una transformación lineal que lleva todos los valores a un rango común entre 0 y 1. En la tercera etapa, se asignan pesos relativos a cada dimensión e indicador, utilizando métodos participativos como el proceso de jerarquía analítica o consultas a paneles de expertos. Estos pesos reflejan la importancia relativa de cada variable en la capacidad global de respuesta. En la cuarta etapa, se agregan los valores ponderados mediante una media aritmética ponderada, obteniendo un valor final que oscila entre 0 y 1, el cual puede ser expresado como porcentaje o en una escala adjetiva de niveles de preparación.

La asignación de pesos no debe ser arbitraria. Se propone que, en una implementación real, un panel de expertos integrado por ingenieros civiles, geólogos, psicólogos, especialistas en gestión de emergencias y representantes de Protección Civil, aplique el método Delphi para alcanzar un consenso sobre la importancia de cada dimensión en el contexto específico de la región evaluada. Este método ha sido utilizado con éxito en la construcción de índices de resiliencia en Chile y México (García & Torres, 2020), y su aplicación en Venezuela permitiría obtener ponderaciones ajustadas a la realidad institucional y geológica del país. Un panel típico podría estar conformado por entre ocho y doce expertos, con dos o tres rondas de consulta sucesivas hasta alcanzar un consenso estadístico. Para facilitar la comprensión del modelo, se presenta un ejemplo de cálculo a continuación. Es importante señalar que el ejemplo tiene un carácter meramente ilustrativo y que los valores empleados son hipotéticos; en una aplicación real, deben ser reemplazados por datos verificables obtenidos de fuentes oficiales o de estudios de campo.

8. Ejemplo de cálculo del Índice de Preparación Sísmica Venezolano, IPSV, para la región central de Venezuela

Para ilustrar el funcionamiento del modelo, se presenta un ejemplo simplificado utilizando datos estimados, basados en información pública y en estudios disponibles sobre la región central de Venezuela, que comprende los estados Carabobo, Aragua, Miranda y el Distrito Capital. Esta región presenta una amenaza sísmica moderada a alta, con suelos que varían entre roca dura en zonas montañosas y suelos aluviales en los valles, lo que afecta la amplificación de las ondas sísmicas.

Se evalúan seis dimensiones: infraestructura sanitaria y de emergencia, logística de recursos, preparación del personal, comunicación e información pública, apoyo psicosocial, y peligrosidad sísmica local. Cada dimensión se compone de indicadores calificados en una escala de 0 a 10. Para este ejemplo, se utilizan dos indicadores por dimensión, a fin de mantener la claridad del ejercicio.

La primera dimensión, infraestructura sanitaria, recibe un valor de 4 para el porcentaje de hospitales con certificación antisísmica, y un valor de 3 para la disponibilidad de plantas eléctricas de emergencia, lo que arroja un promedio de 3.5. La segunda dimensión, logística, obtiene un 5 en ambulancias operativas y un 2 en reservas de agua y alimentos, con un promedio de 3.5. La tercera dimensión, preparación del personal, alcanza un 6 en frecuencia de simulacros y un 4 en capacitación avanzada, con un promedio de 5.0. La cuarta dimensión, comunicación, registra un 3 en sistema de alerta y un 2 en canales oficiales, con un promedio de 2.5. La quinta dimensión, apoyo psicosocial, obtiene un 1 en líneas de apoyo emocional, un 1 en equipos de salud mental, un 2 en planes para grupos vulnerables y un 2 en tiempo de activación de albergues, lo que da un promedio de 1.5. La sexta dimensión, peligrosidad sísmica local, se califica con un 8, basándose en la cercanía a la falla de La Victoria y en los estudios de microzonificación que indican amplificación en suelos aluviales del valle de Caracas y zonas de los valles de Aragua. Este valor de 8 corresponde a una aceleración máxima esperada del suelo de aproximadamente 0.30 g, un rango documentado en estudios de amenaza sísmica para la región central.

Estos promedios se normalizan dividiendo cada valor entre 10, obteniendo las siguientes cifras: 0.35, 0.35, 0.50, 0.25, 0.15 y 0.80. Posteriormente, se asignan los siguientes pesos a cada dimensión, que suman la unidad: 0.20 para infraestructura, 0.15 para logística, 0.15 para preparación del personal, 0.15 para comunicación, 0.15 para apoyo psicosocial y 0.20 para peligrosidad sísmica. Estos pesos son hipotéticos y deberían ser ajustados mediante un panel de expertos en una aplicación real. El índice global se calcula como la suma de los productos de cada valor normalizado por su peso correspondiente. Esto es: 0.35 × 0.20 + 0.35 × 0.15 + 0.50 × 0.15 + 0.25 × 0.15 + 0.15 × 0.15 + 0.80 × 0.20. El resultado de esta operación es 0.4275.

Este resultado puede expresarse como un porcentaje del 42.75 por ciento. Si se adopta una escala cualitativa que considera insuficiente un valor inferior a 0.30, básico entre 0.30 y 0.50, moderado entre 0.50 y 0.70, avanzado entre 0.70 y 0.85, y óptimo por encima de 0.85, el índice de 0.4275 se ubicaría en el nivel básico. Esto indica que la preparación es incipiente y requiere mejoras significativas en todas las dimensiones, especialmente en comunicación y apoyo psicosocial. La inclusión de la variable de peligrosidad sísmica local eleva el índice, lo cual es correcto porque reconoce que la región central tiene una amenaza real que exige una preparación proporcional. Sin embargo, el valor sigue siendo bajo, lo que refleja que la capacidad de respuesta institucional aún es limitada en comparación con los estándares internacionales.

El ejemplo es ilustrativo y puede ser adaptado con más indicadores, ponderaciones diferentes o escalas más detalladas, pero el procedimiento es transparente, replicable y permite comparar la evolución de la preparación en el tiempo o entre distintas regiones. Se reitera que todos los valores empleados en este ejemplo son hipotéticos y no deben interpretarse como una evaluación real de la preparación en la Región Central de Venezuela.

9. Propuesta de aplicación, validación y limitaciones del estudio

Este artículo no tiene la pretensión de ofrecer un índice acabado, sino de sentar las bases metodológicas para que sea desarrollado por actores interesados, ya sean universidades, colegios profesionales, organismos no gubernamentales o las propias entidades del Estado. La propuesta es flexible y puede adaptarse a la disponibilidad de datos en cada contexto.

Para validar el índice en el futuro, se sugiere comparar los valores obtenidos con dos fuentes independientes. La primera sería una encuesta de percepción ciudadana, que pregunte a la población sobre su confianza en la capacidad de respuesta institucional y su sensación de seguridad. La segunda sería el registro de tiempos reales de respuesta documentados en sismos pasados, como el ocurrido en 2018 en el estado Sucre o el de 2021 en Caracas, contrastando el índice estimado con la eficacia observada en esos eventos. Adicionalmente, la realización de simulacros de respuesta a gran escala podría servir como mecanismo de calibración, permitiendo medir tiempos reales de movilización, coordinación interinstitucional y capacidad de atención en condiciones controladas. Esta validación permitiría ajustar los pesos y los indicadores para reflejar con mayor precisión la realidad operativa.

Como limitación principal, se reconoce que la construcción de un índice requiere de información que en muchos casos no es pública, por lo que el primer paso sería impulsar una política de transparencia en la gestión de emergencias, posiblemente incluyendo el enfoque de datos abiertos. También se reconoce que la comparación con experiencias internacionales debe hacerse con cautela, pues cada país tiene realidades institucionales, geológicas y culturales diferentes. No obstante, la existencia de índices públicos en otras naciones demuestra que la medición de la preparación no es una utopía, sino un estándar alcanzable.

Adicionalmente, este artículo constituye un ejercicio académico y propositivo, desarrollado desde la perspectiva de un ingeniero electricista interesado en la sismología y la gestión de riesgos. No reemplaza, ni pretende reemplazar, los estudios técnicos realizados por los organismos competentes en sismología, ingeniería civil o geología. La implementación real de un índice como el aquí esbozado requeriría la participación de equipos multidisciplinarios, la validación con datos oficiales y el ajuste a la normativa legal venezolana en materia de protección civil y gestión de emergencias.

10. Conclusiones

La construcción de un índice de preparación sísmica es una herramienta necesaria para avanzar hacia una gestión de riesgos más efectiva y transparente. El autor, consciente de su formación en ingeniería eléctrica, ofrece esta propuesta como un insumo para el diálogo interdisciplinario, no como una solución técnica acabada. La experiencia internacional muestra que estos índices no solo mejoran la coordinación institucional, sino que también fortalecen la confianza ciudadana y reducen el impacto emocional de los desastres. En el caso venezolano, la ausencia de un instrumento público equivalente representa una oportunidad para que la academia y la sociedad civil propongan modelos alternativos, basados en información accesible y en la participación comunitaria.

Se concluye que cualquier índice de preparación debe incluir dimensiones técnicas, logísticas, psicosociales y geológicas, reconociendo que la respuesta a un terremoto no se mide únicamente en segundos o kilómetros, sino también en la capacidad de sostener la esperanza y la dignidad de las personas afectadas. La transparencia en estos indicadores no solo es un derecho ciudadano, sino un requisito para que las políticas públicas de prevención y recuperación sean efectivas y legítimas.

Se invita a las universidades, a los colegios de ingenieros, a los organismos de protección civil y a las instancias académicas a conformar mesas de trabajo para pilotear este índice en la región central del país, con el fin de ajustarlo, validarlo y, eventualmente, extenderlo a otras regiones. Solo a través de un esfuerzo conjunto y transparente se podrá construir una verdadera cultura de preparación sísmica en Venezuela.

Como bien lo expresó Arturo Uslar Pietri: "el verdadero progreso no consiste en imitar lo que otros han hecho, sino en encontrar el camino que corresponde a nuestra propia realidad". El Índice de Preparación Sísmica Venezolano (IPSV) aspira a ser un paso en esa dirección: una propuesta nacida desde nuestra realidad, para nuestra realidad, y abierta a ser mejorada por quienes la habitan.

11. Referencias

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Junio, 2026.